El 90.8 % de las presuntas víctimas de hostigamiento sexual laboral en el sector público son mujeres, mientras que el 96.1 % de los presuntos agresores son hombres.
Así lo informó el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, Guillermo Valdivieso Payva, durante el panel “Prevención y atención del hostigamiento sexual laboral” realizado en el XXIII Foro Internacional de la Mujer Empresaria y Emprendedora, organizado por la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio de Lima.
Según información recogida en el informe “La mujer en el servicio civil peruano 2026”, el 88.5 % de los agresores mantiene un vínculo laboral formal con la víctima, y los casos se concentran principalmente en personas menores de 40 años. “Estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y sanción dentro de las entidades públicas, así como el rol de las oficinas de recursos humanos para garantizar que los casos sean atendidos oportunamente”, señaló Valdivieso Payva.
Frente a esta realidad, el presidente ejecutivo de SERVIR explicó que desde el año 2020 la entidad impulsa la estrategia Estado Sin Acoso, orientada a prevenir y atender los casos de hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas.
Esta estrategia contempla cuatro componentes principales. El primero es la asistencia inmediata a las víctimas, que incluye orientación presencial, telefónica o virtual sobre sus derechos, los procedimientos a seguir y las alternativas de apoyo disponibles. Dependiendo del caso, la atención puede ser derivada a los Centros de Emergencia Mujer o a las oficinas de recursos humanos de las entidades correspondientes.
El segundo componente es la asistencia técnica a las oficinas de recursos humanos, con el objetivo de fortalecer su capacidad para gestionar adecuadamente las denuncias, conducir las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes respetando el debido proceso.
Valdivieso Payva explicó que este aspecto es clave, ya que si un procedimiento disciplinario no se desarrolla correctamente puede ser anulado en instancias posteriores, como el Tribunal del Servicio Civil, lo que podría permitir que la persona sancionada retorne a su centro de trabajo.
El tercer componente está relacionado con el fortalecimiento de capacidades de los servidores civiles, especialmente de las Secretarías Técnicas de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, responsables de conducir las investigaciones.
Y el cuarto componente de la estrategia contempla un sistema de monitoreo y seguimiento de los casos a través de la plataforma virtual Estado Sin Acoso, donde se registran las denuncias y las medidas adoptadas por las entidades públicas.
Valdivieso Payva explicó que las oficinas de recursos humanos deben reportar semestralmente a SERVIR el estado de las denuncias, incluyendo las medidas de protección adoptadas para las víctimas, el desarrollo del procedimiento disciplinario y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Asimismo, informó que esta plataforma ha sido fortalecida recientemente gracias a la cooperación canadiense a través del Programa de Modernización del Servicio Civil – MODESERV, lo que permite incorporar factores de vulnerabilidad en el registro de casos.
De esta manera, ahora es posible identificar si la víctima presenta alguna discapacidad, pertenece a la comunidad LGBTI o cuenta con autoidentificación étnica. “Reconocer estas identidades es importante para visibilizar distintas situaciones de vulnerabilidad y adoptar medidas de protección adecuadas”, finalizó.
El dato
- En el panel “Prevención y atención del hostigamiento sexual laboral”, el presidente ejecutivo de SERVIR estuvo acompañado por Yolanda Torriani, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio de Lima; Thomas Hellman, director del Proyecto ForSNEJ II de la cooperación alemana al desarrollo implementado por la GIZ; Leonardo Coaguila, director de Prevención y Promoción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral; y Thomas Wissing, director adjunto de la Oficina para los Países Andinos de la Organización Internacional del Trabajo.
