Durante el Megaoperativo de Control realizado en la región Loreto, la Contraloría General detectó más de 29 millones de soles de perjuicio económico ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional en las entidades públicas, situación que involucra a 169 funcionarios con presunta responsabilidad penal, civil y administrativa; siendo educación, salud y transportes los sectores más perjudicados.
Así lo dio a conocer el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, durante la presentación pública ante congresistas de la República, autoridades locales y ciudadanía en general de los resultados del Megaoperativo de Control, el cual significó el despliegue de más de 120 auditores en las ocho provincias y 52 distritos de la región.
El control realizado durante el megaoperativo permitió detectar que las entidades públicas en donde se han identificado un mayor número de perjuicio económico generado por malos funcionarios, habrían sido el Gobierno Regional de Loreto (S/ 3 836 107); la UGEL Loreto Nauta (S/ 1 230 487), UGEL Requena (S/ 319 775), la UGEL Ucayali (S/ 1 378 894), entre otros. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Manseriche (S/ 1 044 747); Electro Oriente (S/ 541 500), la Dirección Regional de Salud (S/ 177 618), EsSalud (S/ 131 994), así como Provías Nacional y Provías Descentralizado, en estas últimas se detectaron situaciones que ponen en riesgos obras de transporte en la región.
Sobre el particular, el contralor recordó que los funcionarios involucrados en estos casos no podrán ser sancionados por la Contraloría General debido a que la vigencia de su capacidad sancionadora comprende irregularidades cometidas a partir de julio 2021.
En ese sentido, invocó a las autoridades de las entidades intervenidas durante los servicios de control a iniciar, de acuerdo a su competencia, procesos administrativos para sancionar y separar, de ser el caso, a estos malos funcionarios. Lo mismo, al sistema de justicia en lo que correspondiente a las investigaciones para sancionar a funcionarios que tengan responsabilidades civiles y penales.
En otro momento de su presentación, Shack Yalta precisó que durante el megaoperativo se intervinieron 91 entidades de Loreto, se ejecutaron 337 servicios de control y de integridad en la región, superando en 58% lo programado inicialmente (213).
De este total (337), se realizaron 260 servicios de control, entre simultáneo (85) y posterior (175), con la finalidad de alertar riesgos a las entidades para adopten acciones oportunas, así como para detectar perjuicios e identificar a los involucrados en estas pérdidas.
A nivel del control simultáneo, la Contraloría General advirtió 145 situaciones adversas en obras o servicios ejecutados por las entidades, sin embargo, solo 36 fueron resueltas o están en proceso, seis fueron desestimadas, y en 103 no se adoptaron acciones o medidas para corregirlas perjudicando a la población beneficiaria.
El megaoperativo, que se inició el 31 de agosto pasado, consistió también en brindar asistencia técnica, charlas de sensibilización, jornadas de capacitación, audiencias públicas para escuchar las demandas y denuncias ciudadanas, control a obras paralizadas, veedurías escolares para promover la participación de los jóvenes en la vigilancia en sus colegios, haciendo un total de 34 acciones de integridad y prevención de la corrupción y la inconducta funcional en la región.
Principales informes de control
Pagos indebidos en UGEL Loreto Nauta – Gore Loreto
En el 2017, la UGEL Loreto-Nauta realizó pagos indebidos en beneficio de 20 personas sin vínculo laboral ni contractual, lo que ocasionó un perjuicio al Gobierno Regional de S/ 3 836 107.28, y se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en tres servidores públicos.
De igual forma, en el 2019, se identificó que la UGEL Loreto Nauta realizó pagos sin sustento en beneficio de cuatro personas que no tenían vínculo laboral con la entidad, ocasionando un perjuicio de S/ 1 230 487, siendo presuntos responsables cuatro funcionarios.
Transferencias electrónicas irregulares en UGEL Ucayali
Asimismo, en la UGEL Ucayali se detectó un perjuicio económico de S/ 1 378 894 debido a que en el 2021 se pagaron por conceptos de propinas y reintegros sin contar con sustento documentario ni legal alguno a favor de docentes, administrativos y terceros que no tenían vinculo laboral. Seis funcionarios tendrían responsabilidad penal y administrativa.
Compra irregular de útiles en UGEL Requena
La UGEL Requena adquirió materiales pedagógicos (borradores, cintas adhesivas, cartulinas, cola sintética, etec.) para la dotación de los colegios en el 2020, seleccionando proveedores que ofertaban precios mayores en comparación a otros detallados en las listas de proformas, lo que ocasionó un perjuicio a la entidad por S/ 310 775. Dos funcionarios tendrían responsabilidad penal y administrativa.
Partidas no ejecutadas en Manseriche
La Municipalidad Distrital de Manseriche pagó a contratista por partidas inconclusas, no ejecutadas y no se aplicó la penalidad por retraso injustificado en la culminación del servicio de limpieza pública en la localidad de Villa Saramiza.
Riesgos en construcción de puente Nanay
Durante el control concurrente efectuado a la construcción del tramo I: Bellavista-Santo Tomas del puente Nanay, obra que ejecuta Provías Nacional con un presupuesto de S/ 584 793 411 se identificó demoras que ha generado el incumplimiento en el término del contrato y de otras obligaciones. Además, las losas prefabricadas presentan fisuras y no cuentan con supervisión. De igual forma, se observó falta de un plan de reforestación y compensación ecosistémica para mitigar los impactos ambientales.
Deficiencias en implementación de ciclovías
La ciclovía ejecutada por la Municipalidad Provincial de Maynas presenta deficiencias técnicas. Además, en la implementación se incluyeron rutas en los distritos de San Juan y Punchana, pese a que no existe autorización, lo cual generó un perjuicio por S/ 580 110.
Los informes fueron notificados a los titulares de las entidades públicas para adoptar las medidas correctivas oportunas; de igual forma, en relación a las irregularidades identificadas, se activen los procesos administrativos, civiles y penales contra los funcionarios y servidores públicos comprometidos a efectos de que prontamente se vislumbren las sanciones ante las irregularidades detectadas.
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