La Defensoría del Pueblo demandó al Gobierno dejar sin efecto la declaratoria de emergencia que dispone la medida de inmovilización social obligatoria en Lima y Callao.

“La medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”, indicó la institución a través de un comunicado.

La Defensoría del Pueblo añade que, dado el carácter intempestivo de la medida, sus consecuencias serán aún más dañinas y generarán alarma en la población en unas circunstancias en las que se necesita calma y serenidad para resolver el conflicto generado a raíz de las demandas de los transportistas y los agricultores.

“La forma intempestiva en que ha sido tomada la medida viola, además, el deber de previsibilidad jurídica que todo Estado debe tener hacia la ciudadanía”, enfatizó.

Por estas consideraciones, la Defensoría del Pueblo sostiene enfáticamente que el Poder Ejecutivo debe dejar sin efecto la medida de forma inmediata.

Al filo de la medianoche, el presidente Pedro Castillo en mensaje a la Nación, decretó que, desde las 02:00 y hasta las 23:59 horas para hoy 5 de abril, la restricción de movilidad debido a las violentas protestas sociales suscitadas en la capital por al alza del combustible.

 

 

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