Las obras de infraestructura requieren de un largo proceso legal que, en el caso de la construcción del Gasoducto Sullana – Talara – Sechura que llevó a cabo la empresa Gases del Norte de Perú (Gasnorp), inició con la liberación de terrenos y áreas involucradas en el trazado del nuevo gasoducto.
Un reto muy complicado en un país caracterizado por los conflictos sociales y en plena pandemia por la COVID 19, pero que con un adecuado planeamiento y un equipo multidisciplinario se ejecutó de manera rápida y satisfactoria, indicó Robert Rojas, socio de Derecho Inmobiliario de CMS Grau.
El experto explica que fue necesario establecer un equipo que se encargue de diversas actividades como la identificación de los titulares de los predios que podrían afectarse por el paso del ducto (250 Km. aproximadamente), estos titulares podían ser comunidades campesinas, propietarios privados y/o posesionarios e inclusive predios del estado.
“Para cada grupo de interés o afectado se requería de conocimiento, sensibilidad y una estrategia particular para lograr la debida autorización para realizar el levantamiento de existencias y posteriormente contar con una valorización de cara a las compensaciones que les correspondían por el establecimiento de servidumbre para el caso de los propietarios y en el caso de los poseedores la compensación por las existencias encontradas dentro del área de interés, tal como establece la norma, en los plazos establecidos”, detalla Rojas.
Para el socio de CMS Grau, la incertidumbre sanitaria y los protocolos de bioseguridad eran una complicación adicional. “Tomamos las previsiones del caso para evitar contagios hacia las personas con las que negociábamos, incluso para el caso de las comunidades campesinas, se tuvieron que llevar a cabo asambleas comunales virtuales, muchas de las cuales fueron trasmitidas en simultaneo a través de radios locales de las zonas”, todo esto con la finalidad de tener debidamente informada a los comuneros de las actividades que se desarrollarían dentro del proyecto explica.
A pesar de la pandemia, las gestiones para la liberación y entrega de tierras, parte sensible por los posibles conflictos sociales, se realizaron con éxito y el gasoducto fue inaugurado en agosto, un año antes de lo previsto.
Para el éxito de todo el proceso de negociación y liberación de las tierras de interés para el desarrollo del proyecto, CMS Grau conto con el soporte del área de servidumbres de GASNORP, así como el área social de la indicada empresa, además de contar con la participación del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Energía y Minas.
“Gracias al trabajo conjunto se pudo solucionar algunos temas sociales que requerían concurso del gobierno, esto es garantizar a las comunidades campesinas que este proyecto iba a traer desarrollo a la región, señala Roberth Rojas, socio de CMS Grau. Agrega que: “siempre es positivo que haya otros actores durante estos procesos, en este caso del Estado, que brinde soporte a las gestiones, porque, en ocasiones, las comunidades no confían en las empresas, pero cuando el Estado se involucra, se facilita la relación”.
