De acuerdo un reciente estudio latinoamericano sobre corrupción, el Perú se ubica en el cuarto lugar con capacidad para combatir este problema.
La Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, empresa de consultoría especializada en riesgos globales, presentaron el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, una herramienta analítica basada en datos para evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción año a año.
Esta edición ubica a Perú en el top 4, con una puntuación general de 5.6/10 vs el 5.47 obtenido en 2020 y 5.17 en 2019.
A pesar de la agitación política de finales de 2020, la puntuación de Perú se mantuvo estable, lo cual refleja un progreso creciente en el ámbito de la lucha contra la corrupción. La puntuación de la capacidad legal del país se mantuvo relativamente sin cambios, y Perú experimentó un aumento del 12% en la categoría de democracia e instituciones políticas: sostuvo primarias internas para los partidos por primera vez este año, y se aprobó una reforma para la financiación de las campañas en septiembre de 2020.
La corrupción relacionada con la COVID-19 está muy extendida, y las restricciones por el confinamiento han ralentizado el ritmo de los procedimientos judiciales. Aun así, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que nombra, ratifica y destituye a los jueces y fiscales, sigue avanzando en la lucha contra la corrupción en el poder judicial.
El Índice CCC cubre 15 países de América Latina, que juntos representan casi el 95% del PIB de la región, y que han sido clasificados según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción, considerándose que los de mayor puntaje son más propensos a procesar y sancionar actores corruptos.
“América Latina ha estado entre las regiones más afectadas por la pandemia. Con los gobiernos bajo una creciente presión financiera y los sistemas de salud en muchos países gravemente afectados, los efectos perniciosos de la corrupción en la sociedad se amplifican” señaló Brian Winter, vicepresidente de política de AS/COA, quien afirmó que «El Índice muestra que los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca».
El análisis consideró 14 variables claves, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. Además, está basado en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.
“El Índice CCC 2021 revela esfuerzos anticorrupción desiguales y crecientemente politizados en muchos países de América Latina. Esto subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgo y recalibren y refuercen sus programas de cumplimiento”, finalizó Geert Aalbers, socio en Control Risks.
Uruguay es el país que lidera el Índice CCC 2021 (7.8o/10), seguido de Chile (6.51), Costa Rica (6 .45), Perú (5.66), Argentina (5.1 6), Brasil (5.07), Colombia (4.81), Ecuador (4.77), Panamá (4.55), República Dominicana (4.38), México (4.25), Paraguay (4.08), Guatemala (3.84) Bolivia (2.43) y Venezuela (1.4).
